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Destrucción del expediente por su desaparición

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado la destrucción del expediente formado para procurar.

Destrucción del expediente por la desaparición de Jorge F. Di Pascuale

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado la destrucción del expediente formado para procurar la localización de nuestro Secretario General, Jorge F. Di Pascuale, secuestrado de su domicilio el 29 de diciembre de 1976 por un grupo de hombres armados que invocó una comisión oficial.

De acuerdo con la denuncia, el Ministerio del Interior habría admitido la comisión de este hecho gravísimo, que en caso de probarse, configuraría los delitos tipificados por los arts. 285 y 294 del Código Penal. Sin embargo, no es la clasificación legal del hecho la que nos interesa, sino sus consecuencias y su verdadero significado en esta hora sombría de la vida argentina.

Desde el mismo momento en que se produjo el secuestro de Jorge F. Di Pascuale nuestra Organización reclamó su aparición y el completo esclarecimiento de lo ocurrido. En distintas oportunidades preguntamos si Jorge F. Di Pascuale pudo ser considerado un subversivo, qué cargos se le formularon, quién se arrogó el derecho de juzgarlo y con qué autoridad. Todo fue inútil. Nadie se atrevió a hacerse cargo del procedimiento irregular, indudablemente, era y es muy difícil de explicar.

Ante el silencio y la indiferencia de las autoridades militares, sólo quedo esperar que la justicia hallara las respuestas que nadie daba.

Ahora el Ministerio del Interior le comunica al juez interviniente que el expediente con las actuaciones motivadas por la desaparición de nuestro Secretario General ha sido destruido. Desgraciadamente, esta declaración confirma que los argentinos todavía no hemos colmado nuestra capacidad de asombro. Estos siete años de soberbia autoritaria nos han curtido la piel y el corazón, nos han preparado para soportar con entereza las peores iniquidades, pero no han alcanzado para despojarnos de nuestra sensibilidad ante el dolor y la injusticia. Pero también nos ha enseñado que en la Argentina no sólo hay que reestablecer el imperio de la Constitución y la convivencia democrática sino fundamentalmente la dignidad de la persona humana y la seguridad jurídica.

Ninguna sociedad puede mirar confiada hacia el futuro si sus gobernantes no respetan estos valores esenciales. Y justamente éste es el drama argentino. Sin temor a equívocos, puede afirmarse que la historia del hombre no es más que la historia de su lucha por lograr el reconocimiento de sus derechos por parte de los poderosos. Desde las cartas y fueros medievales hasta las modernas Constituciones es visible la preocupación por establecer que nadie puede erigirse en dueño de la vida y de los bienes de las personas. Esta norma, que ya es un principio fundamental de nuestra civilización, ha sido recogida por nuestra Constitución en el art. 29, donde con extrema dureza se expresa que nadie puede conceder ni arrogarse facultades extraordinarias, la suma del poder público, sumisiones o supremacías " por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced del gobierno o persona alguna”. Con este principio, completado con otros de idéntica jerarquía, la Constitución pretende resguardar a todos los habitantes de cualquier acción abusiva que menoscabe sus derechos. Y ésta es la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado, de modo que el hombre pueda organizar su vida confiado en el orden jurídico existente, con la certeza de saber que encontrará protección frente a las arbitrariedades y la violencia.

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