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Destrucción del expediente por su desaparición

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En la Navidad de 1942, cuando el mundo vivía días de tragedia, el Papa Pío XII, conmovido y alarmado por los atropellos a la vida humana, proclamó el Derecho a la Seguridad Jurídica como uno de los derechos inalienables de la personalidad. Años después, todavía bajo la dolorosa impresión de la Segunda Guerra Mundial , la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se enuncia, entre otras normas, que "toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad; a que se presuma su inocencia hasta tanto no se pruebe su culpabilidad en un juicio celebrado con las debidas garantías; a no ser sometida a torturas o tratos degradantes; y a la igualdad ante la ley".

En esta desventurada Argentina del Proceso ninguno de estos principios ha quedado en pie. Uno a uno han sido conculcados y los argentinos hemos quedado a merced de la arbitrariedad y la violencia de los gobernantes. Se ha creado un orden autocrático en el que sólo los gobernados son justiciables, olvidándose que tanto el Estado como los gobernantes tienen la obligación de ajustar su conducta al derecho vigente y que, si así no lo hicieran, deben ser llevados ante los tribunales para que éstos juzguen sus actos.

Este lamentable suceso, vinculado a la investigación del secuestro de Jorge F. Di Pascuale, nos duele no sólo por tratarse de nuestro Secretario General sino fundamentalmente por ser un dirigente comprometido con la lucha permanente de la clase trabajadora. Pero también nos alarma porque viene a sumarse a esa interminable cuenta de agravios y vergüenzas que conforma esta Argentina enajenada que se ha ido forjando desde el 24 de marzo de 1976, en la que no sólo se ha violado sistemáticamente la ley, sino que desde todas las instancias del poder se ha procurado la impunidad para los culpables. Una Argentina en la que no se ha esclarecido un solo secuestro de todos los denunciados; en la que los jueces deben forzar la interpretación de la ley para no sancionar a presuntos culpables; en la que se puede matar impunemente a un hombre, como ocurrió con Dalmiro Flores el 16 de diciembre de 1982, sin que se pueda determinar quién fue el asesino; en la que el comandante en jefe del Ejército se permite negarle información a un juez, que recién entonces descubre que se pretende mantener situaciones de excepción por un lado e inmunidad por el otro"; una Argentina en la que, sin inmutarse, el Ministerio del Interior le comunica a un juez que ha destruido las constancias de lo actuado con motivo de la desaparición de Jorge F Di Pascuale, con el probable propósito de obstruir la investigación judicial que pudiera señalar a los culpables.

Como el pueblo del que procedemos y junto al cual marchamos, no queremos una Argentina injusta, sin libertad ni seguridad para nadie, en la cual mientras las autoridades prometen un informe sobre los desaparecidos, un general las desmiente confesando con malsana arrogancia que los desaparecidos están muertos y que él mismo ha participado en esa injustificable y cruenta operación. Nosotros aspiramos a construir un país justo, con libertad y seguridad para todos, aun para aquellos que han cometido los peores crímenes que un hombre pueda cometer: ofender la vida y la dignidad humana. Estos delitos son imprescriptibles, no los remedia el paso del tiempo, y tendrán que ser investigados y juzgados por los jueces de la Constitución, no para satisfacer mezquinos desquites, sino porque el triunfo de la justicia y la paz exige un enjuiciamiento de los arbitrarios y los violentos. Cuando llegue ese día, la Argentina habrá reencontrado el camino de derecho, la libertad y la democracia, y podrá aguardar con fe el porvenir. Una vez más la vida habrá vencido a la muerte.

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