Destrucción del expediente por su desaparición

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado la destrucción del expediente formado para procurar.

Destrucción del expediente por la desaparición de Jorge F. Di Pascuale

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado la destrucción del expediente formado para procurar la localización de nuestro Secretario General, Jorge F. Di Pascuale, secuestrado de su domicilio el 29 de diciembre de 1976 por un grupo de hombres armados que invocó una comisión oficial.

De acuerdo con la denuncia, el Ministerio del Interior habría admitido la comisión de este hecho gravísimo, que en caso de probarse, configuraría los delitos tipificados por los arts. 285 y 294 del Código Penal. Sin embargo, no es la clasificación legal del hecho la que nos interesa, sino sus consecuencias y su verdadero significado en esta hora sombría de la vida argentina.

Desde el mismo momento en que se produjo el secuestro de Jorge F. Di Pascuale nuestra Organización reclamó su aparición y el completo esclarecimiento de lo ocurrido. En distintas oportunidades preguntamos si Jorge F. Di Pascuale pudo ser considerado un subversivo, qué cargos se le formularon, quién se arrogó el derecho de juzgarlo y con qué autoridad. Todo fue inútil. Nadie se atrevió a hacerse cargo del procedimiento irregular, indudablemente, era y es muy difícil de explicar.

Ante el silencio y la indiferencia de las autoridades militares, sólo quedo esperar que la justicia hallara las respuestas que nadie daba.

Ahora el Ministerio del Interior le comunica al juez interviniente que el expediente con las actuaciones motivadas por la desaparición de nuestro Secretario General ha sido destruido. Desgraciadamente, esta declaración confirma que los argentinos todavía no hemos colmado nuestra capacidad de asombro. Estos siete años de soberbia autoritaria nos han curtido la piel y el corazón, nos han preparado para soportar con entereza las peores iniquidades, pero no han alcanzado para despojarnos de nuestra sensibilidad ante el dolor y la injusticia. Pero también nos ha enseñado que en la Argentina no sólo hay que reestablecer el imperio de la Constitución y la convivencia democrática sino fundamentalmente la dignidad de la persona humana y la seguridad jurídica.

Ninguna sociedad puede mirar confiada hacia el futuro si sus gobernantes no respetan estos valores esenciales. Y justamente éste es el drama argentino. Sin temor a equívocos, puede afirmarse que la historia del hombre no es más que la historia de su lucha por lograr el reconocimiento de sus derechos por parte de los poderosos. Desde las cartas y fueros medievales hasta las modernas Constituciones es visible la preocupación por establecer que nadie puede erigirse en dueño de la vida y de los bienes de las personas. Esta norma, que ya es un principio fundamental de nuestra civilización, ha sido recogida por nuestra Constitución en el art. 29, donde con extrema dureza se expresa que nadie puede conceder ni arrogarse facultades extraordinarias, la suma del poder público, sumisiones o supremacías " por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced del gobierno o persona alguna”. Con este principio, completado con otros de idéntica jerarquía, la Constitución pretende resguardar a todos los habitantes de cualquier acción abusiva que menoscabe sus derechos. Y ésta es la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado, de modo que el hombre pueda organizar su vida confiado en el orden jurídico existente, con la certeza de saber que encontrará protección frente a las arbitrariedades y la violencia.

En la Navidad de 1942, cuando el mundo vivía días de tragedia, el Papa Pío XII, conmovido y alarmado por los atropellos a la vida humana, proclamó el Derecho a la Seguridad Jurídica como uno de los derechos inalienables de la personalidad. Años después, todavía bajo la dolorosa impresión de la Segunda Guerra Mundial , la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se enuncia, entre otras normas, que "toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad; a que se presuma su inocencia hasta tanto no se pruebe su culpabilidad en un juicio celebrado con las debidas garantías; a no ser sometida a torturas o tratos degradantes; y a la igualdad ante la ley".

En esta desventurada Argentina del Proceso ninguno de estos principios ha quedado en pie. Uno a uno han sido conculcados y los argentinos hemos quedado a merced de la arbitrariedad y la violencia de los gobernantes. Se ha creado un orden autocrático en el que sólo los gobernados son justiciables, olvidándose que tanto el Estado como los gobernantes tienen la obligación de ajustar su conducta al derecho vigente y que, si así no lo hicieran, deben ser llevados ante los tribunales para que éstos juzguen sus actos.

Este lamentable suceso, vinculado a la investigación del secuestro de Jorge F. Di Pascuale, nos duele no sólo por tratarse de nuestro Secretario General sino fundamentalmente por ser un dirigente comprometido con la lucha permanente de la clase trabajadora. Pero también nos alarma porque viene a sumarse a esa interminable cuenta de agravios y vergüenzas que conforma esta Argentina enajenada que se ha ido forjando desde el 24 de marzo de 1976, en la que no sólo se ha violado sistemáticamente la ley, sino que desde todas las instancias del poder se ha procurado la impunidad para los culpables. Una Argentina en la que no se ha esclarecido un solo secuestro de todos los denunciados; en la que los jueces deben forzar la interpretación de la ley para no sancionar a presuntos culpables; en la que se puede matar impunemente a un hombre, como ocurrió con Dalmiro Flores el 16 de diciembre de 1982, sin que se pueda determinar quién fue el asesino; en la que el comandante en jefe del Ejército se permite negarle información a un juez, que recién entonces descubre que se pretende mantener situaciones de excepción por un lado e inmunidad por el otro"; una Argentina en la que, sin inmutarse, el Ministerio del Interior le comunica a un juez que ha destruido las constancias de lo actuado con motivo de la desaparición de Jorge F Di Pascuale, con el probable propósito de obstruir la investigación judicial que pudiera señalar a los culpables.

Como el pueblo del que procedemos y junto al cual marchamos, no queremos una Argentina injusta, sin libertad ni seguridad para nadie, en la cual mientras las autoridades prometen un informe sobre los desaparecidos, un general las desmiente confesando con malsana arrogancia que los desaparecidos están muertos y que él mismo ha participado en esa injustificable y cruenta operación. Nosotros aspiramos a construir un país justo, con libertad y seguridad para todos, aun para aquellos que han cometido los peores crímenes que un hombre pueda cometer: ofender la vida y la dignidad humana. Estos delitos son imprescriptibles, no los remedia el paso del tiempo, y tendrán que ser investigados y juzgados por los jueces de la Constitución, no para satisfacer mezquinos desquites, sino porque el triunfo de la justicia y la paz exige un enjuiciamiento de los arbitrarios y los violentos. Cuando llegue ese día, la Argentina habrá reencontrado el camino de derecho, la libertad y la democracia, y podrá aguardar con fe el porvenir. Una vez más la vida habrá vencido a la muerte.